Religiosos colombianos alertam sobre acusações falsas à Comissão de Justiça e Paz


A Comissão de Justiça e Paz da Colômbia divulgou nesta quarta-feira, 9 de setembro, um comunicado a todos os religiosos do mundo e membros da Comissão de Justiça e Paz sobre as notícias deturpadas que o Exército e a imprensa colombiana estão divulgando.
As acusações difundidas são de "que se apropriaram de um montante de 450 milhões de pesos, destinados a projetos de moradia dos retornados"; "violação dos direitos humanos ao criar 'campos de concentração' fechados com alambrados, na zona de Cacarica"; e "atuar como braço político da guerrilha".
Segundo a organização não-governamental, há sete anos este grupo tem como objetivo atuar junto a um projeto de vida comunitário, sem ligação a qualquer tipo de violência ou grupo armado. Confira o comunicado na íntegra, em espanhol:

Bogotá, septiembre 9 de 2003
A todas y todos en el mundo de los Derechos Humanos
De : Representantes legales de Justicia y Paz
Hermanas y hermanos en el seguimiento del Señor Jesús:

En los últimos días los medios masivos de información han difundido
ampliamente acusaciones en contra de JUSTICIA Y PAZ, como organización no gubernamental, acusándola de "apropiación de recursos públicos por un monto de 450 millones de pesos, destinados a proyectos de vivienda de los retornados"; "violación de los derechos humanos al crear 'campos de concentración' encerrados con alambradas, en la zona del Cacarica", y "actuar como brazo político de la guerrilla". Una conferencia de prensa convocada en el Ministerio de Defensa por el Comandante General de las Fuerzas Militares, el pasado 21 de agosto, le dio la más amplia difusión a estas acusaciones por todos los medios masivos, pero a la vez se ha constituido una oficina jurídica que trata de judicializar dichas afirmaciones.
Habiendo actuado como representantes legales de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (1988-2002) y de la Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz (2002-2003), hemos creído necesario
Enviar este informe somero al conjunto de la vida religiosa de Colombia, con El fin de que tengan los elementos mínimos de juicio para discernir, Responder y actuar en esta coyuntura que nos afecta.

1. Como la mayoría de ustedes lo saben, Justicia y Paz ha acompañado a un grupo numeroso de comunidades de la zona del Río Cacarica (Chocó), desde que fueron brutalmente desplazadas de sus territorios por la "Operación Génesis" del Ejército, en febrero de 1997. Luego de un largo proceso de refugio interno en Turbo, en albergues provisorios que Justicia y Paz ayudó a edificar y organizar, y tras difíciles negociaciones con los gobiernos que se han sucedido, en marzo de 2000 se inició el proceso de retorno que culminó a finales de 2001. Dentro de las negociaciones que se llevaron a cabo con delegados del gobierno, fue aprobado un proyecto para construir viviendas en los dos asentamientos en los cuales las comunidades decidieron agruparse en su retorno, con el fin de protegerse mejor dentro de un conflicto que se sospechaba iba a ser prolongado.

Por petición expresa de las mismas comunidades organizadas, Justicia y Paz aceptó asumir la administración del proyecto de vivienda. Así, el 1° de febrero de 1999 se firmó el convenio de cooperación No. 32700198 entre la CAJA DE CRÉDITO AGRARIO Y MINERO, hoy BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, y la COMISIÓN INTERCONGREGACIONAL DE JUSTICIA Y PAZ. El gobierno se comprometió a aportar 900 millones y constituyó un Comité Operativo para la ejecución del proyecto. La RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL y el BANCO AGRARIO designaron como Interventora a la arquitecta JUDITH PEREA CHALA, de Quibdó. En septiembre de 1999, en la sucursal del Banco Agrario de Apartadó se recibieron los primeros (y únicos) 450 millones de pesos aportados por el gobierno nacional y se consignaron en una cuenta a nombre del representante legal de Justicia y Paz y de la Interventora.

En los archivos de Justicia y Paz reposan 8 volúmenes que guardan los registros de todas las reuniones del Comité Operativo, los extractos bancarios, los informes periódicos de contabilidad, los comprobantes de egresos y en general toda la memoria de la ejecución del proyecto, abierta al escrutinio de cualquier investigador oficial. Si el proyecto no se pudo ejecutar como estaba diseñado y en los plazos previstos, ello se debió a dos factores principales: por una parte, el incumplimientos del gobierno, al no suministrar ayuda alimentaria a los retornados, quienes tuvieron que dedicar gran parte de su tiempo a trabajar para su alimentación con el consiguiente retraso en la búsqueda de madera; por otra parte, la firma DISTRIBUCIONES HC, con la cual se había firmado un contrato para el suministro de materiales por valor de 223 millones,
presentó una póliza que resultó inválida e incumplió en parte los
suministros, quedando con una deuda de 158 millones. Justicia y Paz
colocó una demanda penal el 16 de octubre de 2001 contra el representante legal de dicha firma, Sr. HÉCTOR CAÑAVERAL (Radicado 6041 en Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales de Turbo, por el punible de estafa).

Las dificultades de ejecución por las razones expuestas, llevaron al
Comité Operativo a proponer la liquidación del proyecto, a pesar de haberse recibido solamente la mitad de lo prometido por el gobierno, con el fin de rediseñar el proyecto teniendo en cuenta las dificultades encontradas. En abril de 2001 el proyecto se había ejecutado, en cifras globales, así: 223 millones en el contrato de materiales; 27 millones en mano de obra de las comunidades; 81.6 millones en adquisición de insumos; 33.2 millones en dirección de la obra y 69.5 millones en interventoría. Tanto el Banco Agrario como la Red de Solidaridad Social participaron en todas las decisiones y tienen en su poder todos los documentos, actas y cuentas. Recientemente han manifestado estar "tranquilos" y abiertos a cualquier escrutinio.

2. En 2001, frente a incursiones de militares y paramilitares que
irrespetaban todos los reglamentos de las comunidades y violaban
permanentemente los derechos elementales de la población civil, las
comunidades decidieron poner una malla de protección a sus espacios de vivienda, con el fin de hacer un poco más difícil el ingreso de los
agresores. Aunque esto no se acomoda a su tradición cultural de puertas abiertas, ellas afirman que lo hicieron por extrema urgencia de
proteger sus vidas y bienes y que se inspiraron para ello en sus visitas a nuestras grandes ciudades, donde tanto nuestras casas como todos los espacios oficiales están saturados de puertas, controles, muros, mallas, alambradas electrizadas, celadores y vigilantes, y computadores que escrutan y registran hasta la saciedad las identidades y propósitos de cualquier visitante. Calificar esto como "campo de concentración" o acusar a Justicia y Paz de querer imponérselos, son calumnias que solo pueden originarse
En imaginaciones excesivamente perversas.
3. El acompañamiento que Justicia y Paz ha hecho a estas comunidades a partir de 1997 cuando fueron brutalmente desplazadas, ha tenido como eje ayudarles a construir un proyecto de vida en medio del conflicto armado, en el que puedan reivindicarse como población civil que no participa en el enfrentamiento armado, pero que no por ello renuncia a exigir el respeto a sus derechos y a su autodeterminación. Dicho acompañamiento le permite a Justicia y Paz dar testimonio de que quienes participan en el proyecto de COMUNIDADES DE AUTODETERMINACIÓN, VIDA Y DIGNIDAD - CAVIDA - lo hacen transparentemente como población civil no involucrada en actividades militares. Si se ha buscado en ocasiones conversar con insurgentes, ya sea a través de los comisionados por el gobierno para los diálogos, o ya enfrentando a los que ocasionalmente pasan por el territorio, ha sido para pedirles encarecidamente que respeten el proyecto de vida de estas
comunidades y que no las presionen a colaborar en actividades
militares.

Sin embargo, ahora se acusa, tanto a los integrantes de Justicia y Paz
Que han acompañado el proceso, como a muchos miembros de las mismas comunidades, de "actuar como brazo político de la guerrilla". Al examinar las acusaciones contra los miembros de JUSTICIA Y PAZ, se evidencia que éstas provienen de un odio reconcentrado de quienes simpatizan con determinadas fuerzas que actúan por fuera de la ley. En efecto, se interpreta cualquier contacto con la insurgencia, en defensa de las mismas comunidades, como si fuera para coordinar acciones con ella; se interpreta cualquier denuncia de las agresiones paramilitares, como una colaboración con retaliaciones que eventualmente haya tomado la guerrilla contra ellos; se interpreta el mismo acompañamiento a gente amenazada, como si fuera "protección a milicianos"; se interpretan los criterios ponderados de denuncia que Justicia y Paz ha seguido en su trayectoria, como si fuera complicidad con la insurgencia; se interpretan las opiniones a favor de la autodeterminación de los pueblos, de la justicia social y de la defensa de los recursos naturales, como si fuera la imposición de una ideología insurgente.

Al examinar las acusaciones contra algunos integrantes o líderes de las
comunidades, se percibe que se fundan en supuestas militancias o
conductas ilícitas de épocas anteriores al proceso de CAVIDA, muy difíciles de creer cuando se predican de líderes que durante 7 años hemos conocido como personas íntegras y radicalmente identificadas con un proyecto de vida comunitario que ha buscado alejar todo vínculo o compromiso con actores armados y actuar transparentemente como población civil ajena a toda colaboración con la violencia.

4. Pero toda esta difamación y posible judicialización de los miembros
de JUSTICIA Y PAZ y de CAVIDA tiene raíces más profundas. En efecto, el primer representante legal del Consejo Comunitario del Cacarica fue el Señor ADÁN QUINTO, quien fuera desplazado en 1997 (el mismo que apareció en la televisión al lado del General Mora Rangel, haciendo las acusaciones). Desde su puesto de coordinación, sin embargo, abusó de su poder para apropiarse de dineros donados por entidades oficiales con el fin de hacer levantamientos topográficos previos a la delimitación del territorio. Al ser sancionado por su propia comunidad, ADÁN resolvió ofrecer sus Servicios a la empresa MADERAS DEL DARIÉN, que ha explotado ilegalmente los Recursos más preciosos de ese territorio, destruyendo el medio ambiente y Haciendo innavegables los caños que comunican a las comunidades. Más tarde ADÁN QUINTO trató de convencer a los principales líderes de la Comunidad del Cacarica para que renunciaran al proceso organizativo y a su proyecto De vida y se entregaran a MADERAS DEL DARIÉN, empresa que podría volverlos ricos si ellos le colaboraban. Ellos rechazaron indignados el soborno, mientras ADÁN continuó reclutando adeptos para constituir microempresas de fachada, que le hicieran el trabajo de base a MADERAS DEL DARIÉN. La contradicción de intereses se fue agudizando y JUSTICIA Y PAZ se vio en la necesidad de denunciar, vía Acción de Tutela, a MADERAS DEL DARIÉN, por saquear ilegalmente los recursos forestales que son el escaso patrimonio de las comunidades, haciéndose escoltar militarmente por los
paramilitares, como han podido comprobarlo las comisiones de verificación que se han desplazado a la zona. Evidentemente esto ha agudizado el conflicto y ha llevado a que MADERAS DEL DARIÉN, al parecer a través de la abogada JOHANNA ELIZABETH CABEZA ARIAS, coordine una campaña difamatoria y judicial contra JUSTICIA Y PAZ. Todo muestra que lo que se busca es eliminar el Obstáculo que hoy tienen, tanto MADERAS DEL DARIÉN, para continuar con la ilegal destrucción de los recursos naturales, como LOS PARAMILITARES, para Lograr su total dominio del territorio, sobre todo en esta coyuntura en que se proyecta su legalización y colaboración con los proyectos oficiales.

Para lograr tan perverso objetivo, los métodos están a la vista, y son
Los mismos que se han vuelto moneda corriente, desafortunadamente, en Nuestras instancias judiciales: conseguir "testigos" halagados con todo tipo de recompensas, para que acusen de diversos "delitos" a quienes les resultan incómodos a los poderes corruptos. Todos sabemos que multitud de procesos penales, que ahora ni siquiera excluyen a altos jerarcas de la Iglesia, se apoyan en esa inmoral estrategia.

Dejamos en sus manos, hermanas y hermanos, estos elementos de
discernimiento. No dudamos que sabrán llevarlos a la oración y a la
reflexión comunitaria y que el mismo contexto les hará reflexionar
sobre los costos enormes que ordinariamente hay que pagar cuando se busca un mínimo compromiso con la verdad y con la justicia.

Fraternalmente,
Javier Giraldo M., S. J. Daniel Vásquez O., C. M..
Carlos Julio Rozo R., C. M. F. Carolina Pardo, O. S. F.